El gobierno que está por terminar integró en su Plan Nacional de Desarrollo la “transversalización de la perspectiva de género”, lo que supondría darle prioridad a la promoción de la igualdad sustantiva y garantizar el ejercicio de los derechos de las mujeres. Sin embargo, del dicho al hecho, las cifras y las experiencias de niñas, jóvenes y mujeres muestran una gran brecha.

 

Cierto que la igualdad sustantiva se ha ido concretando en el ámbito político donde, tras 20 años de esfuerzos ciudadanos, se ha alcanzado la paridad en las cámaras y se ha ampliado la participación femenina en las candidaturas estatales y municipales. Que diputadas y senadoras constituyan la mitad del Congreso es un avance. En estricto sentido, es un logro que las mujeres puedan participar por igual en la toma de decisiones. Sin embargo, más allá de las cifras, la violencia política contra candidatas ensombreció las elecciones pasadas. Persiste, sobre todo a nivel local, la visión de que las mujeres no deben gobernar y sólo 14.7%% de los ayuntamientos estarán encabezados por ellas. Este pobre resultado contrasta con la paridad en el futuro gabinete e indica, lo mismo que la solitaria presencia de una gobernadora, que el camino hacia la plena participación de las mujeres en la política es largo y pedregoso. Por otra parte, como ser mujer no implica estar comprometida con las causas de las mujeres, la actuación de nuestras representantes, no su mera presencia, demostrará en los próximos años lo que en realidad se ha logrado.

 

Fuera del ámbito de la representación política, predominan los claroscuros o nos invaden las sombras. La igualdad no se ha dado ni en el ámbito salarial, donde persiste una brecha de 34%, ni en el del trabajo doméstico remunerado, puesto que el gobierno desoyó los llamados ciudadanos a firmar el convenio 169 de la OIT que garantizaría los derechos laborales de 2 millones de personas. Tampoco se han dado cambios significativos en la distribución del trabajo del hogar y de cuidado ya que mujeres y niñas siguen dedicando más horas que los hombres a estas tareas y prima aún la creencia de que a ellas les toca el mantenimiento y cuidado del mundo y de la familia, tengan o no trabajo asalariado. Desde esta perspectiva, si, como se ha anunciado, la próxima administración obliga a su personal a trabajar los sábados —por ley o por “invitación”—, el desequilibrio se agravará en perjuicio de muchas mujeres que perderán su ya raquítico “derecho a descansar” o tendrán que dejar un empleo estable por la informalidad o el empobrecimiento.

 

Si la igualdad es todavía una aspiración, el derecho a vivir una vida sin violencia existe en leyes que se han reformado sin mayor repercusión pero no puede ejercerse ante la inseguridad generalizada que devasta al país. Si desde el 2007 fue repuntando, en este sexenio la violencia contra niñas y mujeres se incrementó y agudizó. A los feminicidios y violaciones, que aumentaron a raíz de la “guerra contra el narco”, se han añadido crecientes desapariciones de niñas y jóvenes, asociadas o no con redes de trata; desaparición forzada y tortura por parte de fuerzas armadas; crímenes todos que suelen quedar impunes. Persiste además el acoso en calles, escuelas y oficinas, incluyendo instancias gubernamentales y universidades públicas, donde se descalifica a quien denuncia y se protege al agresor. Se mantiene también la cosificación de las mujeres y la promoción de la violencia contra ellas en los medios. Y todo esto sucede ante autoridades indolentes o cómplices, sordas a las demandas y propuestas de la sociedad civil y la academia para transformar el sistema de justicia, prevenir la violencia y promover una educación en igualdad.

 

Impunidad y simulación han sido el sello de un gobierno que optó por mantener una estrategia fallida contra el crimen organizado y por “administrar” el grave problema de la violencia machista. Mientras estas violencias persistan, la igualdad será limitada. Termina un sexenio desastroso. El Estado sigue en deuda con las mujeres.