La Corte Interamericana de Derechos Humanos estudia por primera vez la responsabilidad de un Estado en la muerte de una persona trans

A Vicky Hernández la encontraron muerta en una calle de San Pedro Sula la mañana del 29 de junio de 2009. Estaba vestida como había salido de su casa, con falda y tacones. Era una mujer transexual que, aunque acostumbrada a huir de la persecución de los policías, durante la madrugada de ese día no alcanzó a correr cuando varios se bajaron de los carros en los que patrullaban la ciudad. Las dos amigas que la acompañaban, que días después también fueron asesinadas, contaron tras encontrarla muerta, con un disparo en la cabeza, que cuando la policía apareció todas corrieron en diferente dirección, pero Vicky se quedó atrás. Fue la primera de 15 personas trans asesinadas durante el golpe de Estado en Honduras. Once años después, la Corte Interamericana de Derechos Humanos aceptó estudiar su caso y de lo que defina dependerá que se establezca jurisprudencia internacional para la protección de la comunidad transexual.

“Llevamos años sintiendo que somos parte de esa cuota que se permite asesinar sin que el Estado haga algo. Como si fuéramos desechables, nos matan y no hay justicia”, dice Indyra Mendoza coordinadora de Cattrachas, una organización de derechos humanos que lleva las estadísticas en Honduras sobre crímenes contra las personas LGTBI. De 2009 a julio de 2020 registraron 118 muertes violentas de personas transexuales en el país. La mayoría fueron acribilladas, hubo otras estranguladas, lapidadas, apuñaladas y otras que murieron a machetazos. Muchas eran trabajadoras sexuales, en el registro también hay meseras, estudiantes, empleadas domésticas, recolectoras de basura. Hubo varias menores de 17 años, ninguna tenía más de 34. Vicky tenía 26 cuando la mataron y como ella, que fue encontrada tirada en la calle, han sido halladas muchas. También han aparecido en quebradas, baldíos, carreteras, montañas. La mayoría en lugares públicos. “Ni siquiera ocultan sus cuerpos porque saben que nadie va a investigar”, lamenta Mendoza por teléfono.

Para la abogada Angelita Baeyens, de la organización de derechos humanos Robert F. Kennedy, que el caso esté en la Corte IDH es la oportunidad, incluso sin conocer la decisión final, para que el Estado escuche los reclamos de una población que ha sido violentada de muchas formas. “Ya es hora de que se reconozca la discrminación de la que han sido víctimas las personas transexuales. No solo por la violencia física, también hay que hablar de la violación a casi todos sus derechos”, dice. Honduras ni siquiera permite que se cambien el nombre. En el acta de defunción de Vicky aparece el de un hombre. “La discriminaron también después de muerta. Queremos que ahora, sin importar cuánto tiempo ha pasado, haya justicia”, reclama Tatiana, la hermana de Vicky.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la presentación del caso ante la Corte señala que existen pruebas como el hecho de que las calles estaban bajo control total de la fuerza pública cuando la asesinaron para concluir que hubo responsabilidad directa del Estado hondureño. Señala además que el crimen de Vicky se enmarca dentro de la violencia por prejuicio con base en su identidad y expresión de género. La CIDH reitera que por ser el primer expediente de una mujer trans muerta a manos de agentes de seguridad, la Corte podrá reconocer otros hechos de violencia ocurridos en el marco del golpe de Estado de Honduras.

Después de la primera jornada de la audiencia en la Corte, el miércoles, una de las integrantes de la organización Cattrachas, que ha seguido el caso y es parte del proceso, recibió amenazas. La oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de Honduras tuvo que pronunciarse y pedirle al Estado garantizar la seguridad de las víctimas y de quienes las defienden. En seis meses, la Corte deberá anunciar si condena al país por la ejecución extrajudicial de Vicky y garantiza la protección de las personas que por ser transexuales tienen que esconderse de la policía.