La discusión sobre la estrategia contra las drogas ha dado un vuelco: Legisladores y especialistas coinciden en que la política prohibicionista de drogas, la corrupción y la guerra emprendida desde el gobierno contra el narco, sólo han puesto en evidencia la debilidad del Estado y su fracaso en atender la problemática

 

Ciudad de México.- En las Audiencias Públicas sobre el posicionamiento de México ante la Sesión Especial de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que iniciaron el lunes pasado en el Senado, se planteó atender el problema desde dos perspectivas: salud pública y derechos humanos.

 

Durante las audiencias, Antonio Mazzitelli, representante de la oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México, fue enfático al señalar que “la guerra contra las drogas declarada hace 35 años se ha acabado o tiene que acabarse”.

 

El problema de la droga, dijo, “es y siempre ha sido un problema esencialmente de salud (…) políticas de salud que tienen que tener como su centro necesario e indispensable de enfoque y de desarrollo el individuo, así como la sociedad”.

 

Mazzitelli recalcó que el problema causado por el consumo de drogas, se debe tratar mediante las políticas de salud, bajo un enfoque que desarrolle al individuo.

 

Y anticipó que el documento que será discutido en Nueva York, en la Asamblea General de Naciones Unidas sobre las drogas (UNGASS 2016 por sus siglas en inglés) tendrá un enfoque hacia las políticas de salud que incluirá “importantes novedades” en materia de derechos de los consumidores.

 

El senador Alejandro Encinas Rodríguez, secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores y Organismos Internacionales, afirmó que en la lógica de endurecer las penas por la portación y comercio de drogas, se llenaron las cárceles mexicanas, sobre todo de hombres y mujeres de escasos recursos que nada pueden hacer por recuperar su libertad.

 

Consideró que tras las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el uso medicinal de la cannabis y el libre desarrollo de la personalidad, inició el debate en torno a que la política prohibicionista fracasó, pues su objetivo era disminuir la producción y el consumo de drogas, y no sólo no disminuyó la producción, sino que se diversificó el tipo de drogas que se consumen.

 

Adicional a ello, dijo, la corrupción empoderó a los grupos delictivos que encontraron en el mercado ilícito de las drogas una fuente “muy rentable” de financiamiento, además de que se criminalizó y estigmatizó a los consumidores.

 

En su turno, el investigador y profesor emérito de El Colegio de México Lorenzo Meyer, refirió que el tema de las drogas y el crimen organizado ha puesto en evidencia una debilidad “enorme” que se manifiesta en el papel que tiene la corrupción en las instituciones mexicanas.

 

Y ante ello cuestionó:

 

“¿Cómo vamos a hacerle frente a cualquier cosa que salga de Naciones Unidas con una estructura tan débil que tenemos? La política contra las drogas es un fracaso monumental, es un fracaso del Estado mexicano y sus instituciones, que son débiles porque son muy corruptas”.

 

Desde su punto de vista es necesario que la sociedad reconozca que hay un esfuerzo de parte del Estado “para no seguir con sus tradicionales actitudes de irresponsabilidad frente a quienes cometen ilícitos”.

 

Según Manuel Mondragón y Kalb, titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic), la Secretaría de Salud, con la participación del ISSSTE, IMSS, gobernadores, delegados, presidentes municipales, universidades y sector industrial pondrá en marcha un programa integral de prevención contra las adicciones.

 

“Ahora con la conjunción de todos, vamos a arrancar el gran programa de prevención integral, es la respuesta para establecer el camino de participación ciudadana contra las adicciones. La prevención es muy complicada”, sostuvo.

 

Y es que, de acuerdo con el comisionado, por cada 16 dólares destinados para el control de la oferta se invierte un dólar para la reducción de la demanda, es decir, para los programas de prevención, de tratamiento, información masiva e investigación.

 

El funcionario coincidió en que es necesario apostar por medidas preventivas para evitar adicciones, pues está demostrado que el uso de drogas se asocia a la exclusión social, afecciones en la salud, violencia intrafamiliar, institucional, exclusión social, alteraciones en el trabajo, baja productividad y debilitamiento de la sociedad.

 

Se requiere, dijo, “propiciar un amplio debate” para realizar las reformas necesarias en materia de justicia, la no penalización del consumo de sustancias, ampliar y fortalecer las redes de servicio de atención con participación de la sociedad, y revisar su uso en la medicina.

 

El mismo tono sobre privilegiar la prevención y evitar la criminalización del consumo de drogas permeó en la mesa de debate “México y las Convenciones de Fiscalización Multilateral de Drogas: viejos compromisos y nuevos reequilibrios”.

 

También se analizó la importancia de fortalecer las instituciones y revisar el total de gramos permitidos como portación para consumo personal.

 

En tanto que en las mesas “México en la UNGASS 2016: posicionamiento y perspectivas ante el debate global en el contexto de la agenda 2030 para el desarrollo sostenible” y “El enfoque de Salud Pública en la Posición Mexicana ante UNGASS 2016” se plantearon los temas que México debe adoptar respecto al uso de sustancias en el tratamiento médico y programas para la prevención.

 

La senadora Laura Angélica Rojas Hernández, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales señaló que para combatir el problema mundial que causa el consumo de drogas, se deben discutir el costo elevado y la relativa ineficacia de algunas políticas actuales, especialmente para la reducción de la oferta y la demanda.

 

Asimismo, dijo, se deben diseñar nuevos indicadores vinculados al impacto que tienen las políticas actuales del combate a las drogas en la vida de las personas, con el goce de sus derechos o la protección del tejido social.

 

La senadora comentó que las conclusiones que se alcancen en las audiencias serán remitidas al ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), para que se consideren como insumo para la elaboración de la posición de México ante la Sesión Especial.

 

Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, celebró la iniciativa del Senado para realizar las audiencias, porque “representa una oportunidad para el diálogo entre autoridades, legisladores, académicos y la sociedad civil, sobre los retos y realidades de este fenómeno global”.

 

El gobierno de México, dijo, debe retomar todas las convenciones sobre el control de drogas, dictadas por la ONU, y otros instrumentos internacionales aprobados en los últimos años; y proponer políticas con énfasis en la atención de la persona y en concebir el consumo como un problema de salud pública.

 

Las audiencias coinciden con la publicación esta semana en el semanario Proceso de un reportaje que revela que en dependencias del gobierno federal circula un estudio titulado: “Propuesta para la legalización del cultivo de la amapola. Fines científicos y médicos” y que tiende a abatir las ganancias de los grupos criminales, ayudar a los campesinos pobres de las zonas de cultivo y proporcionarle alivio a los enfermos que necesitan medicamentos derivados del opio.

 

Discusión “histórica”

 

El presidente de la Mesa Directiva del Senado Roberto Gil Zuarth calificó como “histórico” que México tenga un Consejo Técnico Asesor para conducir la discusión sobre el tratamiento y las alternativas de regulación de las drogas, mismo que servirá para fijar la postura del país frente a UNGASS.

 

Destacó que “si UNGASS pone fin a la guerra mundial contra las drogas, México tiene que hacer lo conducente. Tenemos que poner fin a la guerra local nacional contra las drogas.

 

“Si la política prohibicionista se inventó, se creó para contener la oferta e inhibir la demanda, bajo esos dos objetivos ha sido un rotundo fracaso, insisto, porque no se ha inhibido la demanda ni tampoco se ha contenido la oferta”, reconoció el panista quien fue secretario particular de Felipe Calderón cuando éste fue presidente y en cuyo gobierno se declaró abiertamente la guerra contra el narco.

 

Contrario a los que se esperaba, abundó Gil Zuarth, ha aumentado el número de consumidores, ha disminuido la edad del primer consumo y también ha disminuido la calidad de las drogas que están suministrándose en ese mercado.

 

Y fe más allá al reconocer que el actual modelo punitivo y prohibicionista no solamente ha generado un mercado negro sumamente intenso, que implica “enormes ganancias” para las organizaciones criminales que suministran la oferta de ese mercado negro, sino que también ha implicado enormes costos sociales.

 

Hay “personas que están en prisión por el único delito de portar drogas por encima de los umbrales establecidos en la ley; muchas de ellas mujeres, sin antecedentes penales, que no portaban ninguna arma en el momento en que fueron detenidas, que no tienen una participación activa en el cadena de tráfico de drogas, muchas de ellas madres, el 90 % son madres; el 43% mujeres indígenas”, dijo

 

Al respecto opinó que se deben crear opciones de excarcelación a quienes estén presos por delitos contra la salud, como los antes citados.

 

También se pronunció a favor de aprovechar las evidencias con las que se cuenta respecto a las drogas que no producen un efecto en la salud que justifique la utilización de la política punitiva para inhibir su consumo, como el uso terapéutico de los derivados cannábicos que pueden funcionar para mitigar y atemperar el dolor de muchos enfermos.

 

Destacó que hay consenso al respecto entre diferentes actores para cambiar el paradigma regulatorio para la utilización terapéutica o medicinal de los derivados de la marihuana, aunque no abundó sobre otras drogas que también pueden ser usadas con fines terapéuticos, como la amapola.

 

En su discurso inaugural de las audiencias, Gil Zuarth dijo:

 

“El Ejecutivo Federal, la representación diplomático de nuestro país en Naciones Unidas, puede llegar a decirle al mundo que México no solamente está listo para una discusión global o regional sobre el tema de las drogas; sino que también estamos listos para hacer lo propio a nivel de nuestro país, para cambiar desde dentro nuestras políticas públicas con respecto al consumo de las drogas”.

 

Entre los participantes de las audiencias estuvieron presentes además de Antonio Mazzitelli, Fernando Tenorio Tagle, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana; Carlos Alberto Galindo López, Investigador del Instituto Belisario Domínguez; Froylán Enciso Herrera, investigador del Colegio de México.

 

También Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario para Asuntos Multilaterales y de Derechos Humanos de la Secretaría deSRE; Jorge Chabat, del Centro de Investigación y Docencia Económicas; Gaby Zabicky, psiquiatra de la Universidad Nacional Autónoma de México; Gerry Eijkemans, representante de la Organización Panamericana de la Salud; y Carmen Fernández, directora de los Centros de Integración Juvenil AC.