También controlan el secuestro, extorsión y robo de combustible.

Ciudad de México.- De seis organizaciones dedicadas al narcotráfico, México pasó a tener 400 grupos criminales que, además de la producción, venta y trasiego de droga, controlan delitos como el secuestro, ejecución, extorsión y robo de combustible. La encuesta de percepción de inseguridad presentada por la organización México Unidos Contra la Delincuencia (MUCD) fue dada a conocer por el consejero de esta organización, Juan Francisco.

Durante la presentación de la encuesta realizada por Consulta Mitofsky, el directivo señaló que, a pesar de que la mitad de la población percibe mayor frecuencia de vigilancia policiaca en su localidad, esto no crea una sensación de mayor seguridad. Para él, la política “cortoplacista”, además de “los intereses electorales, la corrupción y la impunidad” frenan medidas eficientes contra la violencia que, en su opinión, ya escaló de forma alarmante.

Tal situación, dijo, “ha venido pasando con los grupos delictivos y con base en nuestras encuestas, desde hace 10 años. Cuando arrancó este proceso, había seis o siete cárteles que de alguna manera se dividían el control del país. “Hoy están contabilizados 400. Hay 400 grupos delincuenciales que operan en el país. Esto es parte de la fragmentación, de haber quitado las grandes cabezas, que lo único que crea es la dispersión de intereses y hasta pugnas por lograr mejores atributos en los distintos ámbitos geográficos”, afirmó.

Torres Landa señaló que no debe sorprendernos que los niveles de violencia crezcan y el control de esas bandas se vuelva más compleja. El representante de MUCD aseguró que en esta última encuesta los estados con mayores índices de violencia, y por consiguiente percepción de inseguridad, son: Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, Morelos, Veracruz, Estado de México, Tabasco, Chihuahua, Jalisco, Sinaloa, San Luis Potosí y Guanajuato.

Consideró que la clase política tiene una mirada corta para tomar decisiones estratégicas y lamentó que sólo le preocupe el efecto electoral en decisiones. Además, afirmó que las tendencias delictivas a la alza, la alta percepción de inseguridad y los efectos de impunidad son cada vez más evidentes en los costos, al no contar con cuerpos policiales preparados y carecer de un plan para regresar a las fuerzas armadas a los cuarteles.

A este escenario, Juan Francisco Torres Landa, agregó otros puntos: la inconclusa y adecuada implementación del sistema de justicia penal acusatorio, intereses políticos que buscan obstaculizar la creación de una fiscalía independiente y la ausencia de políticas de vanguardia, como la despenalización de las drogas. Tales elementos, dijo, obstaculizan los cambios y medidas que harían que las condiciones de inseguridad, injusticia e impunidad pudieran revertirse.

“La falta de profesionalización y eficacia de los cuerpos policiacos se ha vuelto un cuello de botella para la implementación del nuevo sistema de justicia penal. La policía como primer respondiente y su coordinación con los ministerios públicos hace que sus deficiencias afecten a todo el sistema”, arrojó la encuesta.

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