El organismo nacional dirigió una recomendación al gobernador, al fiscal, al presidente municipal de Choix y a la alcaldesa de Sinaloa

 

Ciudad de México.- La violencia criminal que se vive desde hace varios años en Sinaloa ha generado el desplazamiento forzado interno de miles de personas. En una investigación en atención a varias quejas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acreditó que las autoridades estatales y municipales de esa entidad no protegieron a más de 2 mil personas que se vieron orillados a dejar sus hogares en 2012.

 

El organismo nacional presidido por Luis Raúl González Pérez dirigió una recomendación al gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel; al Fiscal General del estado, Juan José Ríos Estavillo; y a los presidentes municipales de Sinaloa y Choix, María Beatriz León Rubio y José Lindolfo Reyes Gutiérrez, respectivamente, por el caso de 2 mil 38 personas víctimas de desplazamiento forzado interno de esos municipios, debido a la violencia generada por grupos criminales.

 

“Aunque diferentes autoridades municipales y estatales conocieron la situación del desplazamiento forzado como consecuencia de la violencia que impera en esas localidades, omitieron protegerlas, con lo cual vulneraron sus derechos humanos a la seguridad personal, al acceso a la justicia, a la libertad de circulación y residencia, y a no ser desplazado forzadamente, entre otros”, dio a conocer esta mañana la CNDH.

 

Tras sus investigaciones del caso, la Comisión Nacional acreditó que agentes del Ministerio Público de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, encargados de la integración de tres averiguaciones previas, “fueron negligentes en su investigación, violando el derecho a la adecuada procuración de justicia; en tanto que las autoridades estatales y municipales competentes para garantizar el derecho a la asistencia humanitaria o las ayudas inmediatas señaladas en la Ley General de Víctimas como alojamiento, alimentación, salud, educación y trabajo fueron omisas para otorgarles dichos satisfactores mínimos indispensables para una vida digna”.

 

Asimismo, el organismo pudo comprobar que el desplazamiento forzado generó violación del derecho a la propiedad de esas personas, que huyeron de sus lugares de origen y resultaron víctimas de saqueos, destrucción y despojo de sus bienes.

 

El 21 de mayo de 2014, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa remitió a la CNDH, por razones de competencia, la queja de una mujer representante de más de 600 familias (mil 475 personas) que fueron desplazadas en 2012 de 40 comunidades del municipio de Sinaloa de Leyva. El 9 de abril de 2015 la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos solicitó medidas cautelares para una segunda defensora de 563 personas en Choix. Ambas sufrían persecución, amenazas y hostigamiento por sus labores de defensa.

 

Tras su investigación, el organismo nacional acreditó que diferentes autoridades municipales y estatales tenían conocimiento sobre la situación del desplazamiento forzado a causa de la violencia del crimen organizado que impera en los lugares en que estaban las personas desplazadas en ambos casos, sin realizar acción alguna para brindarles seguridad y protección ante tales hechos y, en su caso, la atención y asistencia adecuadas a fin de garantizar sus derechos fundamentales.

 

Por ello, solicitó al gobernador de Sinaloa y a las autoridades municipales de Choix y Sinaloa de Leyva el cumplimiento de los siguientes puntos recomendatorios:

 

Que diseñen e implementen un programa de reparación integral colectiva, que brinde a las personas desplazadas condiciones dignas de vida, y puedan restablecer sus medios de subsistencia, llevando a cabo un diagnóstico sobre la situación actual de esas personas, y se les brinde atención médica y psicológica.

 

Que realicen un censo que confirme cuántas personas fueron desplazadas de esos municipios, y en todo el estado, de enero a mayo de 2012; diseñar e ejecutar dos campañas de información: una para comunicar a esas personas cuáles son sus derechos y a quién pueden acudir para la protección de los mismos, y otra dirigida a servidores públicos que tengan contacto con ellas para sensibilizarlos sobre la obligación que tienen de garantizar y proteger tales garantías.

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