Con estas modificaciones también se pretende la transparencia en los procedimientos administrativos relativos al otorgamiento de concesiones y permisos

 

Culiacán, Sin.- La 62 Legislatura aprobó diversas reformas en la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables del Estado de Sinaloa, en las que se establecen principios que conduzcan la política estatal y municipal en la materia, incorporando la transversalidad para la instrumentación de políticas públicas para el fortalecimiento y desarrollo de una cultura empresarial, pesquera y acuícola, que aumente la productividad y mejore la competitividad, el impulso estatal equilibrado y equitativo.

 

Con estas modificaciones también se pretende la transparencia en los procedimientos administrativos relativos al otorgamiento de concesiones y permisos, cumpliendo con el debido proceso, con lo que se actualiza y armoniza el marco jurídico local con la ley general en la materia.

 

De igual manera, se establece que habrá de garantizarse la inocuidad de los alimentos con la finalidad de ofrecer productos de calidad, además propiciará el fomento de empleo para el sector pesquero, impulsando el desarrollo sustentable y sostenido de los mismos, para lograr acceder a los mejores mercados para el crecimiento y desarrollo económico.

 

Sobre esta reforma, la diputada Francisca Henríquez Ayón (PAN) y al diputado Carlos Francisco Montenegro Verdugo (PRI), integrantes de la Comisión de Pesca, explicaron en conferencia de prensa que vienen a fortalecer el ámbito legal en cuanto a las reglas que tienen que ver con las inspecciones y visitas domiciliarias que hace la autoridad en materia de pesca y acuacultura, y poder así cumplir con los principios de motivación y fundamentación que establece el marco jurídico federal.

 

Por otra parte, durante esta sesión extraordinaria, el Pleno conoció la iniciativa presentada por los integrantes del grupo parlamentario de Morena, en la que solicitan la reforma del artículo 15 de la Ley de Tránsito y Transportes del Estado de Sinaloa, para modificar la temporalidad de las licencias de conducir, toda vez que consideran que el esquema actual es meramente recaudatorio, por ello proponen licencias temporales con vigencia máxima de seis años, salvo las de aprendiz,  que tendría validez por dos años, y las de carácter permanente y cuyo valor no podrá exceder 25 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización.

 

Precisa que en otros estados, la expedición del tipo de licencias como las que se propone en la iniciativa, “han contribuido en el mejoramiento de la economía familiar, y de los llamados trabajadores del volante, pero sobre todo, ha representado una política administrativa de combate a la corrupción”.

 

Por otra parte, se le dio trámite a la iniciativa presentada por la diputada Ana Cecilia Moreno Romero (PRI), para que se expida la Ley de Atención Prioritaria para las Personas con Discapacidad y Situación de Vulnerabilidad del Estado de Sinaloa, que tiene entre sus objetivos el de normar las medidas y acciones que garanticen a este estamento de la sociedad, la atención prioritaria en los trámites y servicios que prestan la administración pública estatal y paraestatal así como la municipal y paramunicipal.

 

Indica que la Secretaría de Desarrollo Social, dependencia expedirá una credencial gratuita en los módulos que se instalen para tal efecto, siempre y cuando los solicitantes cumplan con los requisitos que la ley señale; además, a fin de que las personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad tengan la seguridad de la atención prioritaria al realizar trámites y solicitud de servicios, se instalarán líneas telefónicas tanto en el Poder Ejecutivo  y en los Ayuntamientos.

 

La iniciativa está conformada por Veinte Artículos Naturales así como por Cuatro Artículos Transitorios.

 

Posteriormente, se le dio lectura a la iniciativa presentada por los integrantes del grupo parlamentario del Partido Sinaloense a fin de expedir la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, en donde señala que es esta dependencia es la responsable de la seguridad pública y procuración de justicia; tiene a su cargo la institución del Ministerio Público y es la encargada de conducir las funciones de la investigación de los delitos, de la seguridad pública, de mantener el orden y la paz pública, de la conducción y mando de las policías, con excepción de la policía preventiva municipal y tránsito, del ejercicio de la acción penal y la relativa a la acción de reparación del daño ante los tribunales, así como del sistema de reinserción social y atención a víctimas, rigiéndose por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respecto a los derechos humanos.

 

El documento indica que las atribuciones de la Fiscalía serán dirigir y controlar al Ministerio Público; ejercer la acción penal y la vigilancia de la correcta deducción de la misma, así como la petición de medidas precautorias y cautelares ante la autoridad judicial en los términos establecidos por la ley; investigar todos los delitos del orden local, y concurrentes, y perseguir a sus presuntos responsables ante los tribunales, con el objeto de esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen; coadyuvar para que los juicios se sigan con toda regularidad para que la administración de justicia sea pronta y expedita, y pedir la aplicación de las sanciones impuestas por los tribunales; vigilar la observancia de los principios de constitucionalidad y legalidad en el ámbito de su competencia, sin perjuicio de las facultades que legalmente corresponda a otras autoridades jurisdiccionales o administrativas, entre otras.

 

Esta iniciativa de Ley consta de Doce Capítulos que engloban Cincuenta y Ocho Artículos Naturales así como Nueve Artículos Transitorio.

 

Otra de las iniciativas que recibió primera lectura, fue la presentada por las ciudadanas, Beatriz Eugenia Rodríguez Pérez, María Enedina Espinoza Angulo y otras, en la que proponen se reforme la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa, con el objetivo de incluir un enfoque de género, para garantizar y hacer realidad el principio de equidad a igualdad de oportunidades y no discriminación entre mujeres y hombres.

 

Asientan que con esta reforma su intención es la de que se valore y reconozca el rol de las mujeres universitarias, como entes que participan y contribuyen en la construcción social de una nueva configuración de la cultura y la política como un principio sustantivo en la construcción de una humanidad diversa y democrática.

 

Señalan que en el marco actual, la UAS cuenta con un marco jurídico que invisibiliza a las mujeres, apreciándose en las disposiciones de la Ley Orgánica, un lenguaje masculinizado, utiliza lo masculino como genérico universal, lo que contribuye a legitimar y reformar la discriminación hacia las mujeres.

 

Por otra parte, los legisladores conocieron la iniciativa presentada por el diputado Misael Sánchez Sánchez (PVEM), en la que propone adicionar la fracción VIII al artículo 10 de la Ley de Educación del Estado de Sinaloa, con lo cual busca que se contemple entre los fines de la educación, el fomento entre los educandos del uso adecuado y responsable de las tecnologías de la información y la comunicación, el conocimiento y la conciencia respecto a las mejores prácticas para hacer uso apropiado del internet y de las redes sociales.

 

El documento señala que el posicionamiento y carácter masivo de las redes sociales a nivel mundial, lleva consigo riesgos implícitos significativos y alarmantes, como los consistentes en la pérdida de privacidad, acceso a contenidos inadecuados que impactan en el desarrollo evolutivo de los menores de edad, contacto con usuarios malintencionados por medio de herramientas de mensajería instantánea, chats, foros o correo electrónico, intimidación psicológica u hostigamiento, que en ocasiones pueden terminar hasta en suicidios.

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