“Menos mal hacen los delincuentes que un mal juez”.

Francisco de Quevedo, escritor español

 

 

Según lo propuso Sócrates, cuatro grandes obligaciones se encuentran sobre las espaldas de los jueces: escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente. Siendo la prevaricación o prevaricato un crimen que va no sólo contra los mencionados deberes sino que es causa de deshonra y agravio para la imagen pública del juez. Al respecto las Siete Partidas del rey Alfonso “el Sabio” señalan que “El delito de concusión consiste en el abuso que un magistrado hace de su poder, cobrando derechos injustos, vendiendo la justicia, agravando los padecimientos de los reos para que se rediman con dinero. Es de los que tienen el nombre de prevaricato, y también ofende a la justicia pública”. Pero, ¿cuál es la razón de la especial gravedad de esta conducta? De acuerdo a lo señalado en la obra El juez y su imagen pública. Una historia de la judicatura mexicana, “Debido a este carácter público, el prevaricato referido a la imagen del juez adquirió un sentido ético, pues se entendía que quien cometía ese delito afectaba no sólo al agraviado directo, sino también a la sociedad, ya por no impartir justicia e impedir la realización del orden general de la sociedad, ya por la mala imagen y el consecuente escándalo que generaba” (SCJN, 2006, p.195).

 

De acuerdo a lo anterior podemos ver que históricamente se ha asignado diferentes nombres a una misma conducta delictiva: la prevaricación. En el caso de Sinaloa el Código Penal define como concusión el hecho de que un servidor público exija dineros en el ejercicio de sus funciones, existiendo un apartado especial, el título cuarto de la sección cuarta, para los delitos cometidos en contra de la procuración y administración de justicia. Así, el artículo 326 de dicho apartado describe distintos delitos que se inscriben dentro del concepto doctrinal de la prevaricación, tales como: aprovechar el poder, el empleo o el cargo para satisfacer indebidamente un interés propio; el dictar una resolución de trámite o de fondo injusta, con violación de un precepto terminante de la ley o cuando se obra por motivos inmorales; y el ejecutar intencionalmente actos o incurrir en omisiones que produzcan un daño o concedan a alguien una ventaja indebida, sólo por mencionar algunos ejemplos.

 

Si en el caso de la solicitud de desafuero en contra de Sergio Torres Félix, promovida por el “diligente” Tribunal de lo Contencioso Administrativo del estado, existe una manipulación de la justicia con el fin de descarrilar sus crecientes posibilidades por la candidatura del PRI al gobierno de Sinaloa, o bien si existe un interés ilegítimo en ayudar a un particular para que preferentemente antes de que concluya este sexenio le sean pagados 20 millones de pesos a costa del erario, es algo que será ventilado en el juicio que el alcalde solicitará en contra de magistrados de ese tribunal, y donde por supuesto también conoceremos si tales funcionarios son hombres honrados, o si como señaló Ignacio Burgoa Orihuela son sólo unos perdidos que por un puñado de oro venderían diez veces su alma al diablo, claro, si este se las quisiera comprar.

 

Mala leche

Aunque Jesús Enrique Hernández Chávez sabe que la solicitud de desafuero en contra de Sergio Torres Félix contiene deficiencias que imposibilitan el establecimiento de una declaratoria de procedencia en contra del alcalde de Culiacán, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso insiste en mantener el tema en el candelero con el único fin de desgastarlo políticamente. Si las prisas del Tribunal de lo Contencioso Administrativo levantaron sospechas sobre los intereses detrás de dicho juicio, la actitud del líder de la bancada del PRI en el Congreso estatal confirma una hipótesis que podría enfrentarlo con la dirigencia nacional de su partido por involucrar una vendetta personal en sus funciones como coordinador legislativo. “Chuquiqui” sangra por la herida causada por la derrota electoral de su hijo Ricardo Hernández Guerrero en la pasada elección federal, y si no sabe quién se la hizo parece que ya decidió quién se la va a pagar.

 

Twitter:  @jramonguzman

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