“En los momentos de crisis, sólo la imaginación

es más importante que el conocimiento”

Albert Einstein

 

 

Dudamos bastante que en el año 2013, cuando fue anunciado en la Tercera Conferencia Internacional de Evaluación, organizada en la ciudad de San Pablo, Brasil, que el 2015 sería el Año Internacional de la Evaluación, se vislumbrara el futuro derrumbe de los precios internacionales del petróleo y las graves consecuencias que ello acarrearía a las economías de los países mono-exportadores de este recurso natural. Hoy, ante una pérdida que ronda al cuarenta por ciento de los precios internacionales del petróleo, la denominación de este año como el de la evaluación podría antojarse como una mala broma del destino. Sin embargo, como toda crisis ello plantea una inmejorable oportunidad para lograr enlazar exitosamente ambos procesos. Y es que existe algo que muy difícilmente pueden comprar las carretadas de ingresos petroleros: el reconocimiento de la imperiosa necesidad de la racionalización y optimización del gasto público.

 

Según al artículo 72 de la Ley General de Desarrollo Social, la evaluación “…tiene por objeto revisar periódicamente el cumplimiento del objetivo social de los programas, metas y acciones de la política de desarrollo social, para corregirlos, modificarlos, adicionarlos, reorientarlos o suspenderlos total o parcialmente”. Esto es, establece el prisma a través del cual la actividad gubernamental debe ser valorada en cuando a su cumplimiento o no, de los propósitos que la guían. Pero la evaluación tiene además una función imprescindible en todo orden que se jacte de ser democrático y republicano. De acuerdo a Pérez-Yarahúan (2013), en su artículo “Evaluation Use and its Institutionalization in the Federal Evaluation System in Mexico”, la evaluación es un elemento clave para mejorar la calidad del desempeño de un gobierno democrático, en la medida que estos ejercicios permiten la discusión de los asuntos públicos por los actores políticos y sociales, y se establecen como mecanismos transparentes para la rendición de cuentas.

 

Qué sentido tiene el que sean “invertidas” sumas estratosféricas de dinero público, si los ciudadanos y ciudadanas no tienen la menor idea sobre el desempeño de los programas públicos en funcionamiento. Sin la certidumbre de que éstos se encuentran efectivamente trabajando para lo que se encuentra previsto, de que sus objetivos están siendo alcanzados en un ritmo por lo menos razonable, es difícil que la ciudadanía se convenza de que tales dineros se encuentren mejor en las manos del gobierno que en el bolsillo de quienes lo obtuvieron con su esfuerzo diario. La oportunidad para que ello sea una realidad es inmejorable, aunque es necesario reconocer que existe otro elemento más para que así sea: voluntad política. Las casualidades no existen.

 

Mala leche

Resulta interesante que sin ser precandidato a una diputación federal, súbitamente aparezcan por la ciudad pintas en contra del secretario de Desarrollo Económico estatal. Una de las posibles explicaciones a lo anterior se encuentra en que Aarón Rivas Loaiza, al habérsele negado una codiciada candidatura, le esté jugando, otra vez las contras al Revolucionario Institucional. De ser cierta esta versión de los hechos, nos encontraríamos en el preludio de una campaña negra en contra de Rivas Loaiza, a quien muy seguramente podrían haberle documentado algunos “detallitos” de su paso por la dirección del Desarrollo Urbano Tres Ríos y el Ayuntamiento de Culiacán, obvio, muy relacionados con las inmensas pérdidas materiales que el huracán Manuel arrojó a este municipio en 2013. Le dejamos una de las fotografías que circularon en las redes sociales para que sea usted quien juzgue.

 

La del estribo

Con la finalidad de contar con un Bando de Policía y Buen Gobierno más claro para la ciudadanía y más eficiente en sus propósitos, el Ayuntamiento de Culiacán se apresta a la modificación del mismo a través de foros ciudadanos. De acuerdo a las declaraciones de Sergio Torres Félix, la idea es que el documento final que se presente al Cabildo para su aprobación no provenga de un escritorio o gaveta, sino de la opinión de los mismos gobernados así como de profesionistas del área jurídica, psicológica, y organismos defensores de los Derechos Humanos.

 

 

Twitter:  @jramonguzman

COMENTA LA NOTA