“Nunca confíes en un hombre que sabe bailar”.

E.L. James, escritora británica

 

 

Tiene razón Mario López Valdez, quien tras ser cuestionado sobre el origen de la guerra sucia emprendida en contra de tres aspirantes a la gubernatura del estado, señaló que de existir pruebas de la participación de funcionarios de su gobierno le gustaría se las llevaran. Sin embargo, es necesario aclarar dos cuestiones: 1) que si bien para demostrar en un tribunal la existencia de un ilícito es necesario probarlo, la falta de tales pruebas no implica necesariamente que un hecho no haya acontecido; y 2) que al ser el espionaje y la intriga política actividades realizadas en las sombras del poder, resulta evidente la gran dificultad que implica el obtener pruebas de su existencia. Si en realidad el gobierno estatal se encuentra intentando socavar las posibilidades de los senadores Aarón Irízar López y Diva Hadamira Gastélum Bajo, así como del alcalde de Culiacán, Sergio Torres Félix, a través de esta estrategia, es algo que el gobierno federal puede saber y nosotros solamente presumir. Sin embargo, ello no significa que nuestro conocimiento sobre tales hechos deba quedar reducido a la categoría de mitote, al contar con el instrumento del indicio para intentar conocer esa verdad.

 

Según lo propone el jurista italiano Vincenzo Manzini, “El indicio es una circunstancia cierta de la que se puede sacar, por inducción lógica, una conclusión acerca de la existencia o inexistencia de un punto a probar” (Colín Sánchez, 2002, p.538). No debiéndose confundir el procedimiento que busca el conocimiento de la verdad (el raciocinio) con su eventual resultado (la presunción). Existiendo dos tipos de presunciones: las establecidas por la ley (legales), y las que son resultado del razonamiento del hombre (humanas). Así, de acuerdo al valor incriminatorio de los indicios puede llegar a constituirse la prueba “circunstancial” o “presuntiva”, la cual parte de circunstancias y hechos probados de los cuales se desprende una relación con un hecho investigado, la participación de determinados sujetos, la determinación de una incógnita, la demostración de una hipótesis, o bien sobre las diversas circunstancias en que se realizó un hecho delictivo.

 

Ahora bien, si los elementos que apuntan a una posible participación del gobierno de López Valdez en tales hechos alcanzan para constituir o no, una presunción en tal sentido es algo que sólo usted, amable lector, lectora, puede decidir. Lo que sí es cierto es que la existencia de: 1) una advertencia pública por parte del gobernador del inminente arribo de un “tsunami” de campañas negras, justo una semana antes de que estas iniciaran; 2) la apresurada solicitud de desafuero en contra de Sergio Torres Félix por parte del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, un organismo dependiente jerárquicamente del ejecutivo estatal; 3) la publicación en redes sociales por parte del magistrado Gilberto Plata Cervantes, de invectivas en contra del alcalde que ponen en seria duda su objetividad como juzgador; 4) la divulgación de un audio donde supuestamente Aarón Irízar López critica la situación política en la entidad, obtenido en forma ilegal y seguramente con tecnología al alcance de no cualquier hijo de vecino; 5) una investigación registral exhaustiva sobre supuestas propiedades de la única aspirante femenina a la gubernatura, en un momento en que la Presidencia de la República impulsa el empoderamiento político de las mujeres; y 6) la existencia de un contrato millonario entre el gobierno estatal y el medio de comunicación responsable de la publicación de graves acusaciones pone por lo menos en entredicho la promesa de López Valdez de mantenerse al margen del proceso electoral de 2016, así como de ofrecer certidumbre y el suelo parejo que le fue negado en la elección interna del PRI en 2010.

 

Mala leche

La respuesta del magistrado Gilberto Plata Cervantes ante la amenaza del alcalde de Culiacán de presentar una denuncia por presuntos actos de corrupción en el juicio promovido por la asociación Jimmy Ruiz A.C., lejos de disipar las dudas sobre las motivaciones políticas detrás de este juicio demuestra la existencia de sesgos incompatibles con la libre resolución de las controversias, al confesar que él junto con otros militantes de Acción Nacional han desacreditado públicamente el trabajo de Torres Félix al frente del Ayuntamiento de Culiacán. Otra de las dudas, además claro de la que plantea el ser el Tribunal de lo Contencioso Administrativo un reducto de aliancistas que no lograron su incorporación al gabinete estatal, es el por qué la “responsable” del proyecto de resolución, la magistrada Lucila Ayala de Moreschi, ha evitado pronunciarse al respecto.

 

Twitter:  @jramonguzman

 

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