“La violencia es el último recurso del incompetente”

Isaac Asimov, escritor estadunidense

 

En el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana, Cuba, en septiembre de 1990, fueron adoptados los “Principios Básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”.

 

En este documento si bien se reconoce que la amenaza a la integridad de tales servidores públicos debe considerarse como una amenaza a la estabilidad social, también se subraya que la labor de estos funcionarios tiene un papel fundamental en la protección de los bienes jurídicos de las personas, esto es, de su seguridad, su integridad física, su libertad, su patrimonio. Así, el empleo de la fuerza pública, que no es otra cosa que violencia institucionalizada y por tanto sujeta a controles públicos, debe conciliarse con el respeto a los derechos humanos. De lo contrario, tendríamos no un derecho penal democrático donde la persona humana es objeto de respeto y protección, sino de un derecho penal autoritario, del enemigo, y tal como lo señala el jurista italiano Massimo Pavarini, contra los enemigos es válida la lógica de la guerra, de la neutralización selectiva y hasta del exterminio.

 

Pero como en Sinaloa, hasta donde tenemos conocimiento, no existen enemigos del Estado sino ciudadanos y ciudadanas (en el sentido amplio de la palabra), nos permitimos enlistar un resumen de los “Principios Básicos”, los cuales pueden ser de utilidad no sólo para los integrantes de las fuerzas de seguridad pública sino de todo precavido gobernado:

 

- Los gobiernos deberán dotar a sus fuerzas de seguridad con distintos tipos de armas y municiones con el fin de que pueda hacerse un uso diferenciado en la proyección de la fuerza. Entre estas armas se encontrarán armas incapacitantes (no letales) con el fin de reducir las lesiones o muerte.

 

- Las fuerzas de seguridad utilizaran, en la medida de lo posible, otros medios distintos a los violentos. Por lo que las armas de fuego deben utilizarse solo cuando otros medios no resulten eficaces.

 

- Antes de proceder a la utilización de armas de fuego, los funcionarios encargados deberán identificarse como tales y emitir una clara advertencia de su intención de utilizar las armas de fuego, salvo que tal advertencia ponga en peligro a tales funcionarios, se presente un riesgo de muerte o daños a otras personas, o bien resulte evidentemente inadecuada la advertencia dadas las circunstancias específicas del caso.

 

- Cuando la utilización de las armas de fuego sea inevitable, los funcionarios deberán: a) actuar en proporción a la gravedad del delito o amenaza, b) reducir al mínimo las lesiones inferidas, c) facilitar asistencia médica inmediata a las personas afectadas, d) comunicar de inmediato lo sucedido a los familiares de la persona, y e) informar de inmediato el hecho a sus superiores jerárquicos.

 

- Al intentar disolver una reunión ilícita pero no violenta (por ejemplo la toma pacífica de una instalación pública) los funcionarios encargados evitaran el uso de la fuerza, y siendo esto imposible, tal fuerza se limitará a la mínima necesaria para lograr dispersar tal reunión.

 

- Las fuerzas de seguridad no deberán ejercer violencia contra las personas bajo custodia o detenidas, salvo que sea estrictamente necesario para mantener la seguridad, cuando exista un riesgo para terceras personas, o bien se realice para evitar una fuga.

 

- Al intentar disolver una reunión violenta (por ejemplo en el caso de saqueos o destrozos en la propiedad privada o pública) las fuerzas de seguridad utilizaran las armas de fuego solamente cuando no puedan usar otros medios para ello.

 

- En caso de lesiones o muerte los funcionarios encargados deberán enviar inmediatamente un informe detallado a sus superiores jerárquicos para efecto de facilitar una revisión administrativa o una posible investigación judicial.

 

- No se pueden invocar  situaciones excepcionales, tales como la inestabilidad política o una situación de emergencia en materia de seguridad pública para quebrantar estos principios básicos. Los funcionarios de las fuerzas de seguridad no podrán alegar obediencia a órdenes superiores de presentarse lesiones o muerte derivado de un uso ilegitimo de la fuerza o de las armas de fuego.

 

- Los gobiernos no deberán imponer ninguna sanción disciplinaria ni penal contra los servidores públicos que en cumplimiento de los “Principios Básicos” se nieguen a ejecutar una orden que implique el empleo ilegítimo de las armas de fuego.

 

Y por último, pero no menos importante:

 

- Por la expresión funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se entiende a los agentes que ejerzan funciones de policía, incluyendo a las autoridades militares, uniformadas o no, u otras fuerzas de seguridad interna que realicen este tipo de funciones.

 

Twitter:  @jramonguzman

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