“El hilo se rompe por lo más delgado”.

Refrán popular

 

Según lo propone el jurista argentino Eugenio Zaffaroni en su tratado de Derecho Penal (Porrúa, 2001) el poder punitivo del Estado se expresa en dos tipos de criminalización: primaria y secundaria. Correspondiendo la primera de ellas a la caracterización de los delitos y al establecimiento de penas sobre determinadas conductas consideradas como antisociales y lesivas a determinados bienes jurídicos; y a la segunda como el efectivo ejercicio de la acción penal sobre personas determinadas, concretas. Pero si bien el legislador es quien “programa” las conductas hipotéticas que podrán ser procesables por el conjunto de agencias que integran un sistema penal (policías preventivas, policías investigadores, agentes del Ministerio Público, jueces, administradores de centros carcelarios, etc.) son principalmente las agencias policiacas quienes ejercen el enorme poder de castigar (y vigilar) que emana del Estado, restando a las agencias jurisdiccionales sólo la posibilidad de reducir el poder proyectado por las agencias policiacas.

 

De acuerdo al exministro de la Suprema Corte de Justicia de Argentina, actual juez integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y quien algo debe saber de Derecho Penal, el poder en manos de las agencias policiacas y ministeriales, las cuales se encuentran subordinadas en el caso de México al poder ejecutivo federal y de los estados en sus respectivos casos, se potencia si consideramos que junto al poder de castigar aprobado por los legisladores se suma el poder de elegir a los sujetos que serán criminalizados. La razón de lo anterior es que al ser tan vasto el programa de criminalización creado por los legisladores no queda otra opción para las agencias policiacas más que elegir, o más bien discriminar, a los sujetos que serán procesados por el sistema penal. Su criterio es abrumadoramente sencillo: criminalizar a los autores de los delitos menos elaborados así como a integrantes de las clases sociales menos favorecidas.

 

Por lo contrario, los casos de delitos denunciados y procesados correspondientes a delincuentes de cuello blanco o dorado son la excepción, señalando Zaffaroni que cuando excepcionalmente se castiga a alguien que se encuentra en una situación de invulnerabilidad frente al poder punitivo, es porque llevó la peor parte en una pugna de poder entre los integrantes de las élites políticas y económicas, a este fenómeno lo denomina el autor cómo “criminalización por retiro de cobertura”. El caso de la diputada cosalteca Lucero Sánchez López es un ejemplo paradigmático de lo anterior. Si bien toda la clase política conocía de su relación con Joaquín Guzmán Loera desde tiempo atrás, la cual por cierto no constituye por sí misma una conducta delictuosa, una infracción administrativa o una conducta antisocial, ha sido objeto de un linchamiento público sistemático provocado por ilegales e interesadas filtraciones a los medios en plena época electoral. Sólo nos quedamos con una duda ¿Será la aún diputada Lucero Sánchez la única política integrante del amplio inventario de conquistas sexuales del capo sinaloense? Como dijo Capulina: no lo sé, puede ser, a lo mejor, tal vez, quién sabe…

 

Mala leche

Al salvar inesperadamente la diputada Lucero Sánchez López  la sesión extraordinaria del Congreso del Estado de Sinaloa, donde se tomó protesta a los 18 suplentes de igual número de diputados que solicitaron licencia para emprender su vuelo a otras playas del paradisíaco presupuesto público, queriéndolo o no reveló las profundas contradicciones internas en dicho cuerpo legislativo. Y es que corresponderá a los hoy salvados decidir la suerte de su institucional salvadora ante la solicitud de desafuero presentada por la Procuraduría General de la República por la presunta comisión de un delito menor. Bien lo dijeron: todos somos priistas hasta demostrar lo contrario.

 

La del estribo

Al declarar Quirino Ordaz Coppel en su toma de protesta como candidato del PRI a la gubernatura de Sinaloa, que no se olvidará de quienes lo ayuden en su camino al tercer piso, definió desde ya su proyecto de gobierno como una reedición del gobierno de “cuotas y cuates” que caracterizó al gobierno de Mario López Valdez y que tanto daño le hizo a Sinaloa. ¿Ignorará Quirino las necesidades de nuestro lastimado estado o bien simplemente les quiso dorar la píldora a quienes ansían ingresar a la nómina estatal? Si alguien lo sabe le agradecemos nos avise.

 

Twitter:  @jramonguzman

 

COMENTA LA NOTA