Los estados y municipios son los entes más revisados; en 2015, el monto total observado ascendió a 65 mil millones de pesos

 

Ciudad de México.- En los últimos siete años, el número de auditorías realizadas a entes públicos ha crecido un 74 por ciento, al pasar de 945 en 2009 a 1,643 en 2015, informó el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal.

 

Los estados y municipios son los entes más revisados, con mil 59 auditorías; se hicieron 599 revisiones el Poder Ejecutivo; 18 a órganos constitucionalmente autónomos; cuatro al Poder Judicial y tres al Poder Legislativo, en total se auditaron a 603 entes, informó Portal durante la presentación de la Cuenta Pública 2015.

 

Este aumento, dijo el auditor, es una muestra de “la relevancia que ha adquirido el ejercicio de revisión del uso de los recursos públicos en nuestro país”.

 

El auditor señaló seis riesgos encontrados en la cuenta pública de 2015: afectaciones al erario público; inconsistencia entre resultados esperados y obtenidos; discrecionalidad en la toma de decisiones; archivos públicos deficientes; información financiera inadecuada y la vulnerabilidad de las finanzas públicas.

 

En la fiscalización de la Cuenta Pública 2015, que abarcó mil 128 auditorías practicadas al rubro del gasto federalizado, el monto total observado ascendió a 65 mil 193.8 millones de pesos, de los cuales 33,449.1 millones de pesos corresponden a observaciones por el subejercicio registrado y 31,744.7 millones de pesos a observaciones con impacto económico.

 

La Cuenta Pública 2015 realizó mil 643 informes individuales, correspondientes a 992 auditorías financieras con enfoque de desempeño, 527 auditorías financieras y de cumplimiento, 149 auditorías de desempeño, 138 auditorías de inversiones físicas, 23 estudios y evaluaciones de políticas públicas y 14 auditorías forenses.

 

La ASF revisó el 13.6 por ciento  del gasto del sector público presupuestario; 70% del gasto federalizado; 37 por ciento  de diversos conjuntos como cuentas de balance, deuda pública y fideicomisos, entre otros, y 33.4 por ciento  del total de los ingresos ordinarios del sector público presupuestario.

 

Añadió que para la Cuenta Pública 2015 se recuperaron 2 mil 871 millones de pesos. Detalló que en las  Cuentas Públicas 2001 a 2014, se recuperaron 108 mil 886 millones de pesos, lo que equivale a 47 veces el presupuesto que se le asigna a la ASF.

 

Sobre las sanciones, el auditor dijo que la ASF ha promovido ante el SAT 73 acciones sobre el ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, y ante las secretarías de las contralorías estatales y órganos internos de control de la Administración Pública Federal y otras entidades, se establecieron 2 mil 405 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria.

 

Estados y municipios con mayores irregularidades

 

El subejercicio es una observación recurrente para estados y municipios. En la Cuenta Pública 2015 los recursos que estos entes no gastaron ascendieron a 33 mil 449 millones de pesos, lo que equivale al 51.3 por ciento  de los recursos.

 

Del total observado, 31 mil 745 millones de pesos “se refieren a violaciones normativas en las que se presume un daño al erario público federal”.

 

El auditor señaló que una de las faltas más identificables y que genera este subejercicio es la falta de controles al interior de los entes públicos, lo que se suma a la discrecionalidad “que podrían facilitar que las decisiones de los servidores públicos no se realicen en un entorno de transparencia, regularidad y control suficientes” para el ejercicio de los recursos.

 

Sistema Anticorrupción mejorará el gasto

 

Juan Manuel Portal señaló que con la entrada en operación del Sistema Nacional Anticorrupción, espera que para la revisión de la Cuenta Pública 2017 el nivel de subejercicios se reduzca, minimizando la afectación a los programas de salud, educación, seguridad e infraestructura en las entidades federativas y municipios.

 

Aseguró que con el SNA se creará “una nueva cultura administrativa, además de la puesta en práctica de un conjunto de políticas que requieren una participación activa de quienes colaboran en todos los niveles de la gestión gubernamental”.

 

“El desvío de recursos deberá ser advertido oportunamente y se podrá contar con información suficiente respecto a la operación y resultados de las entidades públicas”, añadió.

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