El cambio busca garantizar la integridad física y psicológica de los afectados. Para hacerlo se necesita el consentimiento del beneficiario

 

Ciudad de México.- Las personas víctimas, ofendidas o testigos del delito de trata de personas, podrán cambiar de identidad, informó el consejero jurídico capitalino, Manuel Granados Covarrubias.

 

Para otorgar esta protección el Ministerio Público recabará la evaluación de riesgo. “Informará a la víctima, ofendido o testigo la pertinencia de decretar la medida a fin de garantizar su integridad física y psicológica”.

 

Granados Covarrubias explicó que para poder hacer el cambio de identidad se deberá contar con el consentimiento expreso de la persona beneficiaria, a quien se le explicarán los alcances jurídicos que implica la modificación.

 

“El beneficiario o la beneficiaria serán responsables de las consecuencias cuando infrinjan las normas que el cambio de identidad les genere y atenderán toda solicitud que se considere oportuna para su protección”, abundó.

 

El funcionario del gobierno capitalino refirió que las autoridades se comprometerán a garantizar la confidencialidad de las condiciones y formas de operación del cambio de identidad.

 

Destacó que en el caso de niñas, niños y adolescentes se garantizará la protección integral de los derechos de la niñez, “es decir, si no puede comprender el significado del hecho, su admisión al cambio de identidad deberá suscribirse por el tutor o quien ejerza la patria potestad”.

 

El Ministerio Público solicitará al titular del Registro Civil realizar las acciones procedentes para generar el acta respectiva, la cual perderá sus efectos legales cuando la medida sea cancelada por determinación ministerial o resolución judicial.

 

También tendrá que notificar a la Secretaría de Gobierno del proceso para garantizar la confidencialidad necesaria. “Puede ser remitir la información en sobre cerrado, utilizar mecanismos de entrega por personas autorizadas, procurar la entrega a la autoridad competente en los términos de los acuerdos interinstitucionales”.

 

Para poder realizar estos cambios de identidad, la administración capitalina adicionó la fracción XII a los artículos 12 y 15 bis del Reglamento de la Ley para la Protección, Atención y Asistencia a las Víctimas de los Delitos en Materia de Trata de Personas en la capital del país.

 

Con esta medida la capital es la única entidad del país en ajustarse a lo establecido en la Convención de la ONU Contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas.

 

En México, el 89.1% de los casos de trata son con fines de explotación sexual, de estos el 2.3% también incluyen la explotación laboral, según información proporcionada por las Procuradurías y Fiscalías de las entidades, señala el Diagnóstico sobre la Situación de la Trata de Personas en México de la CNDH.

 

De acuerdo a datos de la Unicef y el DIF se estima que hay entre 16,000 y 20,000 menores en el país sometidos a esclavitud sexual.

 

Este delito se considera el tercer negocio ilícito más lucrativo del mundo, sólo superado por el tráfico de drogas y de armas, y cada año genera ganancias que van de 32,000 a 36,000 millones de dólares, aproximadamente, según estimaciones del Foro de Viena para combatir la Trata de Personas, organizado por diversas agencias de las naciones Unidas.

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